El 9 de agosto de 2024 marca un momento trascendental en la historia de México con la aprobación unánime de la reforma al artículo 2º de la Constitución. Esta modificación, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a estas comunidades, y representa un avance significativo en la lucha por la reivindicación de sus derechos históricos.

Un Momento de Celebración y Reflexión

La aprobación de esta reforma ha sido recibida con júbilo por legisladores y miembros de comunidades indígenas presentes en la sesión. Sin embargo, no faltaron las críticas, particularmente aquellas que señalaban la presencia de legisladores que, sin ser indígenas, se presentaron como tales para acceder a un cargo público, generando un debate sobre la legitimidad de su representación.

Esta reforma, impulsada como parte de un paquete de 18 modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, subraya la naturaleza pluricultural y multiétnica de la Nación Mexicana, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en áreas como educación, salud, y propiedad intelectual, entre otras.

Avances y Desafíos

El reconocimiento de derechos tan fundamentales como la consulta libre, previa e informada y la inclusión de intérpretes y traductores especializados en derechos indígenas para garantizar el acceso a la justicia son logros innegables. No obstante, la falta de un presupuesto específico para la implementación de estos derechos plantea un desafío considerable. Mientras que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estima que la promoción de las lenguas indígenas y la medicina tradicional, entre otros aspectos, requerirá de recursos adicionales, la Secretaría de Hacienda sostiene que estos derechos deben ser garantizados con el presupuesto ya asignado.

La contradicción entre estas posturas refleja la complejidad de llevar a la práctica las promesas de la reforma, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos hacia los pueblos indígenas y afromexicanos.

Un Llamado a la Justicia y la Memoria Histórica

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos hizo un llamado a los legisladores a votar por la justicia y a honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida en la lucha por los derechos de sus comunidades. La coordinadora general del Consejo Nacional, Yaneth Cruz Gómez, destacó la importancia de este momento histórico y la necesidad de un diálogo franco y transparente con el gobierno, resaltando el compromiso de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con las demandas de los pueblos indígenas.

Este día no sólo conmemora la cultura y sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, sino que también celebra la legitimación de sus derechos en la Constitución. Con 62 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas reconocidas, México se consolida como una nación diversa y pluricultural, un hogar común que debe respetar y proteger los derechos históricos e inalienables de sus pueblos originarios.

El Reto de la Implementación

Aunque la reforma es un avance significativo, queda la interrogante de cómo se garantizará la aplicación efectiva de estos derechos sin los recursos adecuados. La defensa y promoción de las lenguas indígenas, el acceso a la justicia, y la inclusión de las comunidades en la construcción de modelos educativos y políticas públicas requieren de un compromiso firme y continuo por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto.

Este es, sin duda, un paso adelante en la construcción de un México más justo y digno para todos sus habitantes, pero la verdadera transformación sólo será posible con la participación activa y el respeto hacia las comunidades indígenas y afromexicanas, honrando sus contribuciones y reconociendo su lugar central en la identidad nacional.